Modificación de doctrina (sentencia 29/2013, de la Sala Primera del TC.) por el cual el Tribunal Constitucional rectifica la misma que exigía que los empresarios dieran información exacta y precisa a los trabajadores del uso de las cámaras en el puesto de trabajo. Para el Tribunal Constitucional el empresario tiene facultades legales para adoptar las medidas necesarias para comprobar el buen cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones en el puesto de trabajo.

El Constitucional ha llegado a la conclusión de que el derecho fundamental a la protección de datos personales se satisface con una comunicación genérica de la instalación de las cámaras a los trabajadores siempre que la medida sea necesaria, esté justificada y sea idónea a la finalidad pretendida por la empresa de verificar si los empleados están transgrediendo la buena fe contractual.

Instalación puntual y temporal de cámaras ocultas a través de una Agencia de Detectives Privados las cuales enfocarían los armarios donde se guardaban los productos, para detectar quien se apropiaba de ellos, todo ello tras acreditadas razonables sospechas de incumplimientos contractuales se emplea con la exclusiva finalidad de verificación de tales hechos y, analizándose el derecho fundamental a la intimidad ex art. 18.1 CE , se razona que ” la medida de instalación de un circuito cerrado de televisión que controlaba la zona donde el demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del recurrente de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que