Son muchos los ámbitos en los que la investigación privada de manera profesional se ha convertido en una salida para obtener pruebas que corroboren una sospecha. Bajas fingidas en el aspecto laboral, o en el caso de particulares las infidelidades, conductas sospechosas de hijos, ludopatías, o pensiones compensatorias y alimenticias; son algunos de los servicios más demandados por los clientes. Sin embargo, en los últimos tiempos está comiendo terreno un fenómeno del que cada vez se dan más casos y del que ya se están haciendo eco las denuncias en los medios de comunicación. Se trata de los falsos empadronamientos de familias con el objetivo de que a sus hijos les corresponda un colegio de educación pública determinado, el que se ajuste a sus preferencias.

El empadronamiento, “lejos de lo que mucha gente piensa es un acto administrativo básico y muy importante, además de ser obligatorio. A los españoles siempre nos ha caracterizado la picaresca y no dudamos en hacer uso de ella para escolarizar a nuestros hijos donde deseamos, sin pensar en el perjuicio que eso provoca en otros menores. Esto es, que se llegue al extremo de que otro niño de nuevo ingreso se quede sin escolarizar en un centro que verdaderamente le corresponde, con los problemas para el día a día de una familia que ello conlleva”, explica.

En estos casos estamos hablando de un delito tipificado, algo que “las familias que lo hacen ni se paran a pensar y, por lo tanto, es susceptible de investigación y por lo tanto se están jugando la cárcel”, sobre una infracción que puede ser sancionada hasta con tres años de prisión. El método que utiliza el detective para detectar y corroborar este hecho es el seguimiento. “Para evitar y solucionar estas situaciones solemos hacer informes que demuestran que los domicilios aportados son falsos y que la familia en cuestión no residen en los mismos. El resto ya lo corrobora la Policía Nacional de la Junta de Andalucía”.

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Gracias a Francisco M. Muyor autor del artículo.